TARIJA ACOGE TALLER SOBRE DESLINDE JURISDICCIONAL Y DELITOS SEXUALES EN COMUNIDADES INDÍGENA ORIGINARIA CAMPESINA

En la ciudad de Tarija se desarrolló el taller denominado “Deslinde Jurisdiccional y Delitos Sexuales en Comunidades Indígena Originaria Campesina”, un espacio de análisis y reflexión orientado a fortalecer la protección de los derechos humanos, especialmente de mujeres, niñas, niños y adolescentes. Este espacio tuvo como objetivo conocer la realidad de los pueblos indígena originario campesinos en particular de las mujeres originarias, fortaleciendo una atención con enfoque de género e interculturalidad. Durante el desarrollo del taller se abordaron casos emblemáticos de violencia sexual contra mujeres indígenas, evidenciando cómo la impunidad, la discriminación y la falta de acceso a la justicia han profundizado la vulneración de sus derechos. En ese marco, se destacó que estas prácticas no pueden justificarse bajo el argumento de usos y costumbres, ya que constituyen graves violaciones a los derechos humanos. Asimismo, se enfatizó que el pluralismo jurídico reconocido en la Constitución Política del Estado establece igualdad jerárquica entre la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción indígena originaria campesina; sin embargo, se dejó en claro que existen límites infranqueables. Los delitos de violencia sexual, feminicidio y agresiones contra niñas, niños y adolescentes deben ser obligatoriamente conocidos por la jurisdicción ordinaria, quedando prohibida cualquier forma de conciliación en estos casos. En ese sentido, se resaltó la importancia del consentimiento de la víctima como elemento central, así como la obligación del Estado de actuar con la debida diligencia reforzada, garantizando acceso a peritajes especializados, atención integral y protección efectiva. En este marco, la Dra. Rosmery Ruiz Martínez, Decana del Tribunal Supremo de Justicia y Presidenta del Consejo de Género y Derechos Humanos del Órgano Judicial y Tribunal Constitucional Plurinacional, resaltó "La cultura indígena es sinónimo de vida y cuidado colectivo, por tanto tolerar violaciones y matrimonios forzados con niñas amparándose en falsos usos y costumbres es una práctica machista, colonial y racista, no es un rasgo originario" Finalmente, se destacó la necesidad de articular esfuerzos entre la jurisdicción ordinaria y la justicia indígena, promoviendo un trabajo coordinado que evite la impunidad y garantice el acompañamiento permanente a las víctimas, reafirmando que la protección de la vida y la dignidad humana constituye un principio superior que debe prevalecer en todo sistema de justicia.